Investigar la Deuda

La CORRIENTE NACIONAL EMANCIPACION SUR denuncia la falta de acción de la Comisión. Así lo hacemos, con los elementos probatorios del caso, en el documento emitido hoy: ¿Qué y cómo investiga la Comisión Bicameral de Investigación de la Deuda?.

 

Desde la CORRIENTE NACIONAL EMANCIPACION SUR y como integrante de la Asamblea, adherimos plenamente a esta denuncia e invitamos a las organizaciones y personas interesadas en aportar documentación y testimonios al Informe de investigación que estamos preparando como Asamblea, para consideración de la Comisión que no-investiga y quienes sí les interesa, a comunicarse con nosotros.

¡No pagamos lo que no debemos! Son los pueblos, la naturaleza, los únicos acreedores legítimos!

¿Qué y cómo investiga la Bicameral de Investigación de la Deuda?

Entrando en la recta final de las elecciones presidenciales, vemos con preocupación y rechazamos que los tres candidatos a presidente con mayores chances de ocupar el Poder Ejecutivo Nacional -Daniel Scioli, Mauricio Macri y Sergio Massa- , se posicionen públicamente a favor de acordar el pago a los fondos buitres y retornar Argentina al mercado financiero internacional para acelerar la toma de nueva deuda.

No es el camino para recuperar nuestra soberanía, asegurar el bienestar de todos y todas y proteger el patrimonio nacional y los bienes comunes. No sorprende, entonces, que los tres candidatos además guardan silencio ante la inacción de la Comisión Investigadora  Parlamentaria (CIP), creada en septiembre 2014 para determinar las irregularidades que puedan tener los orígenes y gestión de la deuda que los candidatos proponen pagar.

La Asamblea sobre la Deuda, el Patrimonio y los Bienes Comunes, en cambio, considera urgente denunciar la falta de acción de la Comisión. Así lo hacemos, con los elementos probatorios del caso, en el documento emitido hoy: ¿Qué y cómo investiga la Comisión Bicameral de Investigación de la Deuda?

 Señala el texto que, cuando se sancionó la ley mal llamada de “pago soberano”, que creó la Comisión Investigadora, la Asamblea alertó sobre la contradicción de legislar sobre nuevas formas de pago de una deuda cuyas irregularidades se planteara investigar sólo después. Ahora, tenemos la convicción que la inacción “forma parte de una estrategia del gobierno y de buena parte de los opositores, tendiente a legitimar el megacanje 2005/2010 y la política del buen pagador”.

Denunciamos además que “la CIP tiene un inmovilismo premeditado y que el mismo es coherente… con el objetivo de preparar el camino hacia una nueva ola de endeudamiento, ajustes y concesiones…y cubrir con un manto de impunidad a los personeros de esta entrega fraudulenta”, desde sus orígenes en la dictadura genocida hasta el día de hoy.

Desde la Asamblea, creemos que es justamente la suspensión de pagos sobre una deuda ya declarada ilegítima y fraudulenta, la investigación y sanción de los responsables, lo que podrían permitir superar la dominación de los usureros y no seguir resignando al país a convalidar hechos fraudulentos a un costo social alto e innecesario. “Frente al terrorismo de estado no pudieron aceptarse las obediencias debidas, puntos final e indultos… lo mismo debe sostenerse acerca de la deuda: no punto final, no obediencia debida, no impunidad, no pago de lo que el pueblo no debe…”

Pronto se cumple el plazo fijado para que se emita el primer Informe de la Comisión. Por ello, en el nuevo documento de la Asamblea pedimos nuevamente a la Comisión partir de las investigaciones de Alejandro Olmos – ratificadas judicialmente el 13/7/2000 – y “encauzarse hacia lo principal –declarar la ilegalidad e ilegitimidad de la deuda- .” Reclamamos que “se haga lo que no se ha hecho: INVESTIGAR LA DEUDA, abriendo a la necesaria participación social y ciudadana a fin de poder ampliar la objetividad de los resultados y el consenso social en torno a los mismos y suspendiendo todo pago mientras se establece su legitimidad o la falta de ella.”

En conclusión, desde la Asamblea convocamos “al pueblo, a sus organizaciones y movimientos, a sumarse en la verdadera investigación y denuncia del fraudulento sistema de endeudamiento público que sigue generando nuevas deudas sociales, ecológicas, económicas y democráticas con los únicos acreedores legítimos: los pueblos de la Argentina, nuestro patrimonio nacional y los bienes comunes.”

-Buenos Aires, 21/10/15

ASAMBLEA POR LA SUSPENSIÓN DEL PAGO E INVESTIGACIÓN DE LA DEUDA Y EN DEFENSA DEL PATRIMONIO NACIONAL Y LOS BIENES COMUNES

Corriente

                                 

Documento / Denuncia  Comisión Bicameral de Investigación de la Deuda: ¿Qué y cómo investiga?

Hace ya más de un año – el 10/9/2014 – el Congreso creó la Comisión Bicam­eral Permanente de Investigación del Origen y Seguimiento de la Gestión y del Pago de la Deuda Exterior de la Nación,en el marco de la ley 26.984 mal llamada de pago soberano.

Señalamos entonces que los contenidos del nombre Ley de Pago Soberano eran negados en el desarrollo de la misma. Primero declara de “interés público” el pago de una deuda que ha sido declarada ilícita en sede judicial argentina y que tiene denuncias en curso, luego establece nuevas modalidades de pago de la misma y, sólo después, crea una Comisión con el fin declarado de investigar las irregularidades que pudiera tener.

Nuestro punto de vista es diferente. Partimos del trabajo de Alejandro Olmos que, en una investigación que consideramos fundamental y cuyos resultados ratificó el Juez Ballestero en su sentencia del 13 de julio del 2000, aportó la suficiente cantidad de elementos para mostrar la arbitrariedad y fraudulencia de origen de la deuda pública que hoy seguimos pagando.

Otras investigaciones posteriores sobre los diversos procesos de reestructuración y refinanciamiento de esa deuda, así como también sobre los usos y consecuencias de la misma, profundizaron los fundamentos de su ilegalidad e ilegitimidad. Si a esto le agregamos que fue incrementada vilmente al amparo de la dictadura cívico-militar genocida del ‘76-’83, no puede haber duda que es una deuda que, en su mayor medida, el pueblo argentino no debe. Hay sobrados elementos incluso para que sea declarada odiosa y anulada de nulidad absoluta.

Coherentes con estos hechos, exigimos al gobierno la suspensión inmediata de todo pago de deuda pública mientras se investiga su licitud y se establece su legitimidad o la falta de ella.

Dice Alejandro Olmos en el prólogo de la primera edición de su monumental obra, La Deuda Externa, que decidió publicar su investigación y denuncias en un libro ante la angustia y frustración que le producía la actitud de legisladores, ministros y funcionarios que le volvían la espalda a cuestiones fundamentales para la República. Decidió apelar a la opinión pública y al pueblo, buscando su compromiso para que no se pagara lo que era fraudulento.

El gran impacto que causó la edición del libro le mostró que había elegido el camino correcto. Desde nuestra Asamblea sobre la Deuda, el Patrimonio y los Bienes Comunes, hemos asumido el mismo objetivo de Alejandro Olmos, de apelar al pueblo, denunciando la continuidad de la actitud que él observara en legisladores, ministros y funcionarios.

A pesar de las graves consecuencias que originaron la inmensa masa de recursos que se fueron por los pagos de la usura y de la imposición de obligaciones de pago fraudulentas, que se restaron de las necesidades populares, así como también de la demanda popular y acciones judiciales persistentes, durante los últimos 30 años ni los gobiernos nacionales ni los sucesivos Parlamentos (salvo pocas y honrosas excepciones) han mostrado la menor intención de investigar a fondo la deuda que, sospechosamente, tanto interés muestran por pagar.

Desde el año 2000 los legisladores se han negado sistemáticamente a investigarla, desobedeciendo e ignorando durante 15 años el fallo plenamente vigente y nunca apelado del Juez Ballestero en la célebre Causa Olmos. A esto se suma la inacción y omisión en el Poder Judicial.

La grave decisión del gobierno Kirchner de continuar la política de delegar jurisdicción nacional a tribunales extranjeros facilitó las decisiones estrafalarias del juez neoyorquino Griesa, al que tanto critican, acentuado por la contradictoria y falaz Ley de Pago Soberano. Así, Buitres, Cuervos y Caranchos anidan tanto en los tribunales extranjeros como en los propios.

No obstante, ante la decisión del Congreso de crear la Comisión Investigadora Parlamentaria (CIP), creímos que lo mejor era tener una mirada positiva, aún siendo conscientes que más allá de la letra de la ley, era probable que sus objetivos se limitasen a fortalecer, con un aval simbólico parlamentario, la crítica oficial a las pretensiones injustas de los fondos buitre y, por otro lado, intentar legitimar el mega canje 2005/2010.

Por ello, desde la Asamblea sobre la Deuda, el Patrimonio y los Bienes Comunes, en una actitud crítica y positiva a la vez, pedimos que la acción de la CIP se encauce hacia lo principal: declarar la ilegalidad e ilegitimidad de la deuda de la cual seguimos siendo –según la “confesión” oficial- “pagadores seriales”. Por lo expuesto, reclamamos:

  • Se haga lo que no se ha hecho: INVESTIGAR LA DEUDA. Que se abra la investigación a la necesaria participación social y ciudadana, lo que ampliaría la objetividad de los resultados y fortalecería el consenso social en torno a los mismos;
  • Derogue por improcedente la cláusula de confidencialidad incorporada al texto de la ley. Planteamos la necesidad de la plena transparencia y publicidad del trabajo de la Comisión;
  • Se tome como punto de partida el dictamen del Juez Ballestero en la Causa Olmos y las investigaciones judiciales subsecuentes y aún en curso. Esto no es un capricho sino reconocer el valor actual de los antecedentes más importantes que existen sobre la de investigación de la deuda externa. Eludir esto es rehusarse a considerar los hechos históricos objetivos que han jalonado el inmenso fraude sobre el que se constituyó el brutal sistema de endeudamiento público y por ello su ilegalidad e ilegitimidad. La consecuencia más inmediata de tomar estos antecedentes sería dejar de convalidar este fraude, pagando lo que no corresponde como se hace en la actualidad.

Estas y otras consideraciones fueron volcadas en la Audiencia Pública llevada a cabo en octubre 2014, así como en la Carta abierta enviada a los parlamentarios a fin de año, en el acto de homenaje a Alejandro Olmos el 28/4/15 en el Congreso Nacional y el encuentro entre participantes en la Conferencia Internacional sobre Deuda y Bienes Comunes y miembros de la Comisión, el 4/6/15.

Estando ya a menos de dos meses de la fecha prevista del primer Informe de la CIP (180 días desde su constitución el 28/4/15), desde la Asamblea consideramos necesario preguntar públicamente ¿qué y cómo está investigando la Comisión?

Observamos una inacción que consideramos necesario denunciar. Creemos que esta falta de acción forma parte de una estrategia política del kirchnerismo y de buena parte de los opositores. Al paso que van las cosas vemos que se está confirmando lo que era uno de nuestros principales temores; que la CIP sea un instrumento de legitimación del mega canje 2005/2010 y, por ese camino, del conjunto de la deuda pública, de los pagos realizados y por supuesto de la impunidad de los funcionarios de la dictadura y de los gobiernos constitucionales posteriores hasta el actual, que fueron los gestores de la deuda en complicidad con los capitales imperialistas y sus aliados locales.

Creemos que la inacción observada es parte de una estrategia política y este señalamiento se funda en varios elementos. La Comisión fue creada mediante la Ley de Pago Soberano en septiembre 2014, pero se constituyó recién siete meses después. Desde abril, sólo se ha reunido tres veces. Según denuncia del Diputado Claudio Lozano, a quien esta Asamblea reconoce como el único miembro de la CIP comprometido con llevar adelante una verdadera investigación sobre la Deuda fraudulenta y las posteriores gestiones tendientes a su legitimación, hasta ahora “no se aprobó ningún plan de trabajo, no se ha conformado ningún equipo técnico de trabajo ni se estableció su financiamiento”. Por lo que se sabe la mayoría de los legisladores no asisten o muestran muy poco interés lo que genera problemas de quórum.

Cabe recordar que pronto se cumple el plazo fijado en la ley para que se emita el primer Informe semestral de la Comisión y hasta ahora, por lo que sabemos, no se ha hecho prácticamente nada.

De la larga lista de personas que deberían ser citadas a declarar (ex ministros, funcionarios, expertos, peritos), hasta ahora solo lo ha hecho el Presidente del Banco Central pero sin responder a los requerimientos de los integrantes de la CIP. Consideramos de suma importancia que declaren, entre otros, los peritos que auditaron la deuda privada que fue nacionalizada, así como también el fiscal de las causas de la deuda, el Dr. Federico Delgado. Es necesario que se pidan informes sobre las diferentes causas donde se ha venido denunciando el carácter fraudulento de la deuda y su sucesiva reestructuración y refinanciamiento. También creemos esencial la colaboración de la Auditoría General de la Nación. De todo esto no hay nada visible. Lo que sí sabemos es que se ha firmado un convenio de cooperación con el CEFID-AR, que acaba de producir un documento de trabajo laudatorio del canje 2005/2010.

Con todos estos elementos creemos que está justificada nuestra denuncia de que la CIP tiene un inmovilismo premeditado y que el mismo es coherente, no con el mandato de la ley de investigar a fondo las irregularidades de la gestión y pago de la deuda que se siguen cometiendo desde comienzos de la dictadura hasta ahora, sino con el objetivo de preparar el camino hacia una nueva ola de endeudamiento, ajustes y concesiones, sobre la base de legitimar el canje 2005/2010 y por ese camino la continuidad del perverso sistema de endeudamiento y saqueo, los pagos realizados y cubrir con un manto de impunidad a los personeros de esta entrega fraudulenta.

Si la deuda se asumió como pública, y efectivamente fuimos nosotros, el pueblo argentino, quienes la pagamos – y especialmente quienes no hemos sido consultados ni beneficiados por su acumulación –, debe ser pública la investigación que se haga y debemos ser convocados a participar de la misma. Éste no es el camino que ha adoptado la Comisión, que tampoco siquiera parece estar investigando seriamente por su propio camino. Por ello, difícilmente pueda tener su eventual Informe la legitimidad que necesita para señalar un avance en cuestiones, como lo expresara Alejandro Olmos, tan fundamentales de la República.

Por eso, desde esta Asamblea no solo denunciamos el incumplimiento de los propósitos expresados en la creación de la Comisión de Investigación Parlamentaria de la Deuda, sino también, el hecho que de continuar actuando en la línea que señalamos, se sumaría a la larga lista de complicidades y participaciones necesarias del delito de saqueo permanente y sistemático al pueblo y a la Nación, plenamente demostrado, que es el pago de una Deuda declarada ilegítima, ilegal, odiosa e impagable.

Frente al terrorismo de estado y los crímenes de lesa humanidad cometidos para posibilitar la ejecución de un crimen de lesa patria como es la deuda, no pudieron aceptarse las obediencias debidas, puntos final e indultos de sus responsables con la exigencia de Verdad y Justicia finalmente abriéndose camino a partir de la movilización popular y la acción desde el Estado. Lo mismo debe sostenerse acerca de la deuda: no punto final, no obediencia debida, no impunidad, no pago de lo que el pueblo no debe; investigación, Verdad, Justicia y Castigo a los responsables con Restitución y Reparación de todo lo saqueado a raíz de una deuda injusta y fraudulenta.

Ante esta situación, convocamos al pueblo, a sus organizaciones y movimientos, a sumarse con nosotros en la verdadera investigación y denuncia del fraudulento sistema de endeudamiento público que sigue generando nuevas deudas sociales, ecológicas, económicas y democráticas con los únicos acreedores legítimos: los pueblos de la Argentina, nuestro patrimonio nacional y los bienes comunes.

-Buenos Aires, 21.10.15

ASAMBLEA POR LA SUSPENSIÓN DEL PAGO E INVESTIGACIÓN DE LA DEUDA Y POR LA DEFENSA DEL PATRIMONIO NACIONAL Y LOS BIENES COMUNES

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